Financiación y el futuro de los ayuntamiento dentro del iberismo.

El Iberismo tiene que dar un paso más. Siempre estar por delante. Por eso, en este texto daremos dos soluciones más al problema del desarrollo y financiación de los ayuntamientos de nuestra Patria.

La gestión económica de los ayuntamientos es deficiente tanto a la hora de prestar un correcto servicio a los ciudadanos como las deudas que contraen con bancos y cajas  (cuando no con particulares) que complican el establecimiento y mantenimiento de un Estado de Bienestar que nos viene garantizado en la Constitución de 1978. Por eso estamos asistiendo a recortes salariales (incluso impagos), subidas de la edad de jubilación, despidos masivos, etc. Un tijeretazo de modista profesional, ante el cual no podemos hacer nada.

Una de las causas principales de este problema se genera en las Comunidades Autónomas, las cuales, son un lastre para el desarrollo. ¿Quién no ha visto inútiles monumentos o impuestos generados a raíz de una mala gestión? Por ahí, a nuestro juicio, van los tiros. Lo que nunca podríamos llegar a imaginar ha sucedido en Cataluña donde el cierre de hospitales y centro sanitarios es una realidad.

La verdad es que hay un gran agujero de capital, que se genera cuándo se puede prescindir. El raciocinio nos impide ver más allá y vemos absurdo tener una ciudad con una bonita estatua y un pueblo que genere gasto eléctrico porque no tiene farolas solares, por poner un ejemplo.

Fondos al desarrollo. (Ayudas anuales)

1.- Los pueblos necesitan dinero. Lo que proponemos es destinar parte del dinero asignado en los Presupuestos Generales del Estado a proyectos de desarrollo. Así pues, anualmente y con la antelación suficiente, los ayuntamientos de toda España, a través de sus mancomunidades o comarcas, remitirán al Ministerio de Fomento las obras necesarias destinadas a arreglar lo que esté roto o a construir lo que sea necesario.

El Ministerio de Fomento estudiará y aprobará las que precisen de más urgencia. Los ayuntamientos que no pudieran disfrutar ese año de la ayuda precisa, tendrán preferencia para el año siguiente, pudiendo así disfrutar de dos obras importantes cada legislatura.

Todo caudal público tendrá un seguimiento estricto. Se mandarán los correspondientes informes del avance las obras, así como su buen funcionamiento. Funcionarios del Ministerio de Fomento supervisarán aleatoriamente y sin previo aviso posibles irregularidades que pudieran darse, a fin de evitar cualquier desvío ilegal de fondos públicos o inversiones no destinadas al fin solicitado.

Lo que se pretende es dejar el desarrollo del pueblo al Estado, el cual lo debe garantizar por derecho inherente, y que el ayuntamiento, mancomunidad o comarca se encargue del sostenimiento del mismo a través de los beneficios que genere (seguridad, sanidad, sueldos, empleo, etc)

2.- El Ministerio de Cultura también recibirá un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado para distribuir y fomentar el caudal entre las comarcas con interés cultural (histórico, turístico, artístico), a fin de conseguir la conservación del Patrimonio de especial significación.

Como en el primer punto, se concederá a razón de la demanda atendiendo a los principios de austeridad y eficiencia. El Ministerio de Cultura conocerá de los pueblos que tengan rango de "Patrimonio de la Humanidad", "Conjunto Histórico Artístico" y "Bien de Interés Cultural". Exclusivamente solo los que tengan dicho denominación podrán solicitar las ayudas pertinentes. 

Se tendrá presente siempre el beneficio de la población residente y la liberalización de sus impuestos, para implantar un modelo de autonomía total e independencia de bancos y cajas.

3.- Las poblaciones y núcleos de eficacia nula, con un número pequeño de empadronados y con gasto elevado tenderán a desaparecer. Los núcleos menores perderán la condición de ayuntamiento y pasarán a ser entidades locales de un pueblo adyacente más grande. Será éste último el que solucione los problemas de liquidez.

El Estado no dará subvenciones para la repoblación de núcleos urbanos considerados inviables. El Gobierno de España presentará ante las Cortes Generales un informe anual donde refleje los pueblos abandonados.

Los poderes públicos garantizarán la correcta comunicación entre los núcleos de población, intentando establecer una población de más de 10.000 habitantes cada treinta kilómetros, fomentando el turismo y el desarrollo industrial.

Para ello facilitará el éxodo con ayudas a la vivienda y a los pequeños y medianos empresarios, fomento de las comunicaciones (arreglo de carreteras, telefonía, Internet, etc) y garantizará los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad, etc)

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